La pobreza y las nuevas condiciones de desigualdad social

Fernando Calderón G.
Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Bolivia
fernando.calderon@undp.org

Alicia Szmukler
Universidad Católica Boliviana, La Paz
aliciasz@ceibo.entelnet.bo

La pregunta que recorre el presente artículo es: ¿cómo pensar la pobreza desde la sociedad y desde las relaciones sociales? Frente a una visión de la pobreza con perspectiva economicista, asistencialista o, en todo caso, desligada de los complejos procesos de transformación social que afectan a nuestras sociedades, se intentará presentar aquí una serie de líneas e interrogantes que contrapongan a esa visión, otra pensada desde la relación entre pobreza y exclusión social, desigualdad y ciudadanía.
El artículo comprenderá tres acápites. El primero se centrará en la complejidad de los procesos de modernización a partir de sus efectos en la diferenciación social y funcional que crecientemente presentan nuestras sociedades, y los consiguientes problemas de desigualdad e inequidad ligados a la remoción de los fundamentos que sostenían el ejercicio pleno de la ciudadanía. Este último punto es retomado en el segundo acápite que, desde esta perspectiva, debatirá la parcialidad de las respuestas dadas por las políticas sociales a esas situaciones de desigualdad e inequidad. En el tercero se intentará problematizar el concepto de pobreza a partir de una crítica a los criterios metodológicos de medición de la pobreza, a partir del vínculo entre pobreza, desigualdad y ciudadanía.
EL MALESTAR SOCIAL
El actual proceso social de modernización ha sido caracterizado como altamente complejo. Tal complejidad se expresaría principalmente a través de tres aspectos: a) una creciente diferenciación social y funcional, que vuelve problemáticos los procesos de cambios sociales; b) una creciente exclusión y fragmentación económica y social y, derivado de ésta, c) un alto nivel de inequidad, expresada en las estructuras sociales que obstaculizan una mayor integración social. Al proceso de modernización así caracterizado ha venido a sumarse una generalizada crisis del Estado. Esta situación, estrechamente vinculada con el tema de la pobreza, ha puesto en evidencia la fragilidad de las posibilidades de ejercicio de los derechos ciudadanos.
En este marco, una lectura de la pobreza debería vincularse al análisis de los límites de la ciudadanía y de los obstáculos impuestos por estructuras económico-sociales altamente inequitativas.
En el ámbito económico, como consecuencia —entre otros factores— de los procesos inflacionarios y de ajuste estructural, la diferenciación social mencionada se expresa en la creciente distribución regresiva del ingreso, que ha profundizado los niveles de pobreza generando mayor exclusión social. Una de las consecuencias de la inequidad en la distribución del ingreso es la migración de gran parte de la población en procesos que toman distintas direcciones: campo-campo, ciudad-ciudad y campo-ciudad, con esta última, según las estadísticas, como la orientación más importante. En los hechos, sin embargo, los límites estructurales de las ciudades impiden la absorción plena de los migrantes, acentuando su exclusión social y económica o integrándolos en condiciones de una gran injusticia y discriminación, que también constituyen formas de exclusión y marginalidad. El abismal crecimiento del número de pobres urbanos registrados por Prealc (Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe, OIT) puede ser comprendido cabalmente en esta lógica.
En el ámbito nacional, la diferenciación social se expresa en una creciente distancia entre clases sociales, entre regiones (ricas y pobres), entre culturas (donde los indígenas son los más excluidos), y también en desigualdades de género (las mujeres acceden al mercado laboral con un costo muy alto de discriminación salarial).
En el plano político, uno de los efectos centrales de tal diferenciación ha sido la fragmentación de los actores sociales históricos, sujetos a un fuerte proceso de aislamiento y localismo que los ha hecho más reactivos que proactivos. Los sistemas de partidos presentan grandes dificultades para procesar y diferenciar los procesos de complejización de lo social, situación que debilita aún más la representación social y los niveles de participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones. Esta tendencia puede observarse, por ejemplo, en la pérdida de capacidad del movimiento obrero para negociar demandas; también en la baja representación de los partidos políticos, y en la proliferación dominante de múltiples y pequeños movimientos sociales, que no logran articular propuestas en torno a una visión de la sociedad más amplia que la restringida a la defensa de sus intereses específicos.
En el ámbito urbano, la estructura económica se ha visto sujeta a profundos cambios que han terminado por profundizar la diferenciación social, redefiniendo un dualismo crónico urbano. Entre ellos, es necesario recordar la desindustrialización y la reconversión industrial, que han debilitado profundamente los movimientos sindicales; el aumento de la población migrante rural a las ciudades en busca de fuentes de trabajo; la falta de movilidad social ascendente; la terciarización e informalización creciente de la economía urbana, y la incapacidad de las políticas urbanas de cubrir las necesidades de la población de las ciudades. Consecuencias de todo ello son los altos niveles de inseguridad en la vida cotidiana urbana, inseguridad que se refiere no sólo a la creciente desconfianza hacia el "otro" y al temor al desempleo, sino también a la incapacidad de gran parte de la población para acceder a bienes y servicios hoy privatizados. La pauperización de los sectores medios urbanos en varios países de América Latina también ejemplifica los efectos de los procesos de modernización en cuanto a diferenciación social.
En el ámbito rural, dicha diferenciación ha impactado fuertemente la estructura agraria. Esta estructura presenta hoy un carácter dual (Cf. Calderón, Chiriboga y Piñero 1992:55), pues por un lado se encuentran los empresarios agrícolas y, por otro, los campesinos. Sumada a tal división, también existe al interior de cada uno de estos grupos una alta segmentación: entre los primeros, están desde quienes han incorporado alta tecnología hasta latifundistas que aún mantienen relaciones precapitalistas de producción. Entre los campesinos se encuentran desde aquellos que han podido implementar una cierta tecnificación en sus sistemas productivos, hasta esa gran mayoría de semiasalariados o asalariados sin tierras, con inmensas dificultades para acceder al mercado. Tal diferenciación económico-productiva se expresa en los planos social y político: mientras los campesinos que poseen mayores ventajas en términos productivos tienen una cierta organización y pueden defender y negociar sus intereses, la capacidad de organización de los campesinos más débiles en términos económicos y productivos es sumamente frágil, lo que a su vez les impide ejercer presión social para hacer escuchar sus demandas. Es decir, los campesinos más pobres desde el punto de vista económico son también los más vulnerables en cuanto a representación social y política, a representación ciudadana.
Por su parte, la crisis del Estado de bienestar periférico o del Estado corporativo-patrimonialista latinoamericano profundizó los efectos perversos de la diferenciación social: los cambios en su funcionamiento y estructura según la lógica neoliberal implicaron limitar su rol como instancia integradora, función ahora traspasada al mercado. Así, la incapacidad actual del Estado de bienestar periférico de dar respuesta a la reestructuración de la economía mundial ha otorgado un papel protagónico al mercado "en la organización de las relaciones sociales, en desmedro del Estado y de los regímenes políticos. El problema es que en nuestros países el mercado, por su insuficiente dinamismo, no puede ser un eficaz integrador social" (Calderón y Dos Santos 1991:32). El mercado es incapaz de representar, coordinar y/o brindar un imaginario social común; ello genera un vacío en la población, la cual apela a una lógica individualista para "salvarse", que socava los lazos de solidaridad social.
El rol preponderante que viene cumpliendo el mercado concurre al debilitamiento de los mecanismos de representación política y social de las demandas de los ciudadanos. Éstos se retrotraen cada vez con mayor fuerza al ámbito privado, se alejan de las organizaciones sociales politizadas u orientadas a la actividad partidaria, y se integran socialmente de manera simbólica mediante su participación en el mercado en tanto consumidores, en desmedro de su papel de ciudadanos. Este panorama tiene un efecto también sobre las políticas públicas, que en algunos casos tienden a disminuir, así como sobre la efectividad de las redes sociales de solidaridad, debilitando al propio régimen democrático. Y ello no es sólo un proceso verificable en los países latinoamericano. En Estados Unidos, por ejemplo, el desarraigo democrático y los procesos de empobrecimiento se asocian a una continua y amplia erosión del compromiso cívico y el capital social (véase Putnam 1995).
La disociación entre acción individual (desde la visión del mercado) y acción colectiva (desde la perspectiva estatal) debería aminorarse en función de una reformulación del Estado en cuanto a la orientación de sus valores y atención a la cuestión social. El Estado de bienestar había estado asociado a la institucionalización de lo social (y, en tal sentido, a la extensión de la ciudadanía) y a valores tales como progreso, igualdad e integración, entendidos sobre todo desde el punto de vista económico. Hoy sería necesaria una reformulación de esas orientaciones ante el fracaso del mercado como mecanismo integrador, en que se subraye la necesidad de mantener valores morales como la solidaridad y la defensa de la equidad y la igualdad.
Por otra parte, los procesos de diferenciación funcional se expresan en la creciente autonomía de los distintos campos de la sociedad, como la economía, la justicia, la ciencia y la política, que funcionan, en apariencia, cada vez más independientemente, dificultando una visión integral del orden social. Es así como, por ejemplo, las políticas sociales se formulan desde una perspectiva tecnocrática, sin considerar la debilidad e inequidad de la estructura económica y social de los países como raíz de la pobreza; de este modo, las políticas quedan transformadas en un fin y no en un medio. Cada campo parece tener su propia lógica, sin vincularse entre sí bajo una racionalidad única. En el plano del imaginario social nacional esta diferenciación tiene un alto costo en cuanto al sentimiento de pertenencia a una comunidad, lo que también conduce a un retraimiento hacia lo privado así como a un debilitamiento de los lazos sociales de solidaridad.
En síntesis, nuestro planteamiento es que los procesos de diferenciación social y funcional están vinculados a crecientes niveles de exclusión y pobreza. A su vez, éstos aumentan la percepción de la desigualdad como un fenómeno que, en un contexto de debilitamiento del ejercicio ciudadano, en lugar de disminuir se va profundizando como efecto de los mismos procesos de exclusión social.
El tema de la percepción de las desigualdades como un fenómeno de injusticia creciente ha sido trabajado recientemente por varios autores (entre otros, Sen 1995; Fitoussi y Rosanvallon 1997). En primer lugar, las desigualdades estructurales —referidas, por ejemplo, a la distribución del ingreso, el acceso a la educación y la salud, a bienes y servicios básicos, etc.— han aumentado. Al mismo tiempo, han surgido nuevas desigualdades producto de diferenciaciones al interior de un mismo sector o campo social —por ejemplo, profesional—, las mismas que hasta no hace mucho eran aceptadas, porque existía una movilidad social ascendente que "planteaba" un horizonte de superación de ellas. Empero, hoy dos personas con iguales capacidades no tienen iguales oportunidades y, lo que es peor, tampoco tienen perspectivas de obtener tal igualdad. Las nuevas desigualdades intra-categoriales ponen así en cuestionamiento otro tema de importancia central: el de la identidad. La percepción de este tipo de desigualdades como un fenómeno social creciente erosiona fuertemente el sentimiento de pertenencia y las identidades sociales, produciendo exclusión (véase, al respecto, Fitoussi y Rosanvallon 1997). En realidad, lo que está en juego es la ruptura de los procesos de integración social propios de las sociedades dependientes y del modelo de integración nacional.
El problema central que alimenta este tipo de percepción es el aumento del desempleo y la precarización laboral, que provocan una fuerte desigualdad en los ingresos de personas con iguales capacidades, así como la percepción de que factores externos a las capacidades laborales en sí mismas (como los contactos, la suerte, etc.) cumplen un rol clave en la obtención de un trabajo. Por otra parte, la ausencia de movilidad social ascendente refuerza la percepción de la desigualdad como un fenómeno crecientemente injusto, aumentando el malestar social.
Bajo los regímenes nacional-populares, la búsqueda de construcción nacional implicaba un proyecto socialmente compartido que, además, brindaba una posibilidad o una visión de integración y mejora social. Hoy, en cambio, los principios de igualdad —fundamentales para lograr niveles de cohesión social— se ven fuertemente cuestionados. Los propios procesos de diferenciación, evidenciados en la alta fragmentación social, han modificado las relaciones sociales: las desigualdades constituirían así indicios de un cambio social de carácter regresivo, lo que pone en cuestionamiento también, desde esta perspectiva, la visión lineal de progreso.
La percepción de la igualdad dependería del ámbito considerado importante por una sociedad determinada, ya que la misma puede referirse a distintos aspectos (igualdad ante la ley, igualdad de ingresos, igualdad de oportunidades, etc.); por tanto, en primer lugar, habría que preguntarse por el tipo de igualdad que reclama una sociedad. Los seres humanos somos diferentes, y no sólo por el contexto económico, social o cultural en el que nacemos y vivimos, sino también por las características individuales, las cuales incidirían fuertemente en el plano de las igualdades. En estos contextos diversos, la idea de igualdad se justifica en primer lugar en función de una preocupación ética, más allá del campo de exigencia de igualdad que se determine. Pero el problema hoy es que, en la percepción generalizada, la igualdad no está establecida como exigencia en ningún ámbito. Esto refuerza el sentimiento de injusticia frente a diversas desigualdades, al tiempo que la igualdad (en algún ámbito) no aparece como proyecto futuro, provocando una gran frustración (véase, al respecto, Fitoussi y Rosanvallon 1997). Este problema queda ligado al del debilitamiento del ejercicio ciudadano y los procesos crecientes de fragmentación social y desafección política, contribuyendo así a un sentimiento de malestar social generalizado.
En este contexto se esbozan dos conclusiones. En primer lugar, los procesos de diferenciación social y funcional producen un grado de inseguridad muy alto en la población y un creciente malestar social, que se acentúa por la existencia de un patrón histórico de larga duración que, en América Latina, enfatiza y valoriza más las jerarquías sociales que la igualdad de oportunidades. En tal sentido, ¿cómo interpretar estos procesos desde la política, y qué respuestas viene dando el Estado a través de las políticas sociales? En segundo lugar, parece existir una distancia creciente entre, por un lado, la complejización de los problemas ya mencionados y el malestar social consiguiente; y, por otro, las respuestas parciales desde la política, a partir de políticas sociales subordinadas a una visión restringida e instrumental del crecimiento económico. Parece necesario que la política sea capaz de reinterpretar este nuevo malestar social y proponer como meta del desarrollo —y proyecto futuro— la igualdad y la participación. Ambas metas, de alguna manera, han estado presentes en la experiencia de buena parte de los movimientos populares en América Latina, que hoy tienen que reconstituirse a raíz de los procesos de diferenciación anotados y en un contexto de acumulación de poder democrático.
LA INSUFICIENCIA DE LAS POLíTICAS SOCIALES
En el contexto de complejización de los procesos de modernización, la creciente exclusión social y el aumento de los niveles de pobreza, así como la erosión del ejercicio de la ciudadanía, se vinculan a las grandes inequidades de las estructuras sociales y a la imposibilidad del Estado de enfrentarlas. Desde la perspectiva individualista/mercantilista adoptada por el nuevo tipo de Estado, los excluidos serían considerados necesitados, figura que reemplaza a la del ciudadano, lo cual se condice con un enfoque asistencial y paternalista que enfatiza una visión privada de la sociedad y un retraimiento del individuo sobre sí mismo. En cierto sentido, incluso el actual reconocimiento de la diversidad cultural tras la defensa de valores como la tolerancia, el respeto y la apertura hacia el otro, ocultaría el resquebrajamiento de otros valores, como la solidaridad y la defensa de algún tipo de igualdad, reforzando la mencionada perspectiva individualista que debilita el lazo social, así como el imaginario social común.
Siendo el excluido un necesitado, y no un ciudadano, en el contexto de relaciones sociales desiguales, las políticas sociales focalizadas actúan más como paliativos de los efectos nocivos de las desigualdades estructurales, que en contra de la fuente de tales efectos, es decir, la estructura económico-social. La "cuestión social" sería vista de manera fragmentada y no desde una perspectiva más global. Por otra parte, las políticas sociales se vuelven un asunto de gobernabilidad, pues, aunque parcialmente, responden a demandas sociales fragmentadas que deberían ser atendidas al menos en parte para que puedan conservarse niveles mínimos de gobernabilidad. La aplicación de políticas sociales se ha dado generalmente a través de un sistema clientelar y con escasa o nula participación de los interesados, lo cual no ha contribuido ni a atacar de manera sustantiva la pobreza ni a fortalecer el ejercicio de la ciudadanía, lo que aliviaría, al menos en parte, las inequidades estructurales mencionadas. Y ello aun cuando —como en un círculo vicioso— esas mismas desigualdades impedirían el pleno ejercicio de la ciudadanía.
En América Latina, el reconocimiento de derechos sociales ha estado vinculado a los regímenes nacional-populares. Éstos proporcionaron integración en términos nacionales y de ciudadanía social vía la participación, pero con una visión homogeneizadora de la sociedad y con una lógica clientelista.  Como consecuencia, el reconocimiento de la ciudadanía política —que implicaba la aceptación de la diferencia y la valoración de la diversidad en cuanto derechos políticos— quedó rezagado con respecto al reconocimiento de la ciudadanía social. A esto contribuyeron la debilidad del sistema político institucional y la pervivencia de una cultura política organicista-autoritaria y clientelista, así como la debilidad del sistema de actores. Así, la política ha padecido de una incapacidad de representar lo social, con la consecuencia de una mayor fragilidad de los lazos de pertenencia de la ciudadanía a la comunidad y un creciente sentimiento de "extrañeza" frente a la comunidad política. Desde esta perspectiva, parece urgente re-trabajar la cuestión de la exclusión social y la pobreza en función de la ciudadanía. En una región donde los procesos de diferenciación y exclusión social son complejos y persistentes, la pobreza en realidad es una condición pre-ciudadana. Parece que América Latina vive una suerte de paradoja perversa pues, por una parte, se opera un proceso de democratización; y por otra, como consecuencia de los programas de ajuste estructural, se produce una gran exclusión ciudadana. Para comenzar a revertir esta situación, en los enfoques de la exclusión social y la pobreza se requiere abolir la figura del necesitado al cual hay que dar ayuda y, al contrario, investirlo de derechos y dotarlo de capacidad de participación política. De este modo, el problema concreto de las políticas sociales y sus efectos sobre la disminución de la pobreza queda contextualizado en un marco más amplio de relaciones y estructuras sociales que determinan la situación de exclusión. En general, el fracaso o escaso impacto de las políticas sociales ha llevado a una revisión de las mismas desde una perspectiva más bien tecnocrática, que acentúa su carácter compensatorio y complementario de políticas económicas (para aliviar los costos sociales de su aplicación), distanciándose de la complejidad de los procesos de modernización mencionados que afectan a las sociedades.
Pareciera que, en el largo plazo, las políticas sociales no serán exitosas mientras se desconozcan las bases estructurales de la exclusión y la pobreza y el ejercicio de la ciudadanía quede marginado de los procesos de construcción de una política social, la cual debería fundarse en el reconocimiento de los límites que impone la estructura social. Al respecto, es preciso tener en cuenta que la población más pobre no sólo está excluida económicamente, sino —de manera muy especial— política y socialmente. En consecuencia, su capacidad de ejercer presión sobre los gobiernos es escasa, lo que realimenta un círculo vicioso de desigualdad y pobreza. Así, el problema no parece radicar en las propias políticas, sino sobre todo en los límites de la estructura económico-social y del sistema político de las sociedades para integrar a los ciudadanos de manera tal que puedan ejercer sus derechos con un horizonte de integración a la comunidad.
En tal sentido, la experiencia asiática constituye un ejemplo que deja en evidencia la importancia de algunos requisitos sociales y políticos del crecimiento económico (base fundamental para la disminución de la pobreza) y la superación de niveles de pobreza (véase, entre otros, Ohno 1996; PNUD 1996). Entre ellos puede mencionarse: fuerte intervención estatal en la orientación del desarrollo económico, a través de la regulación del funcionamiento del mercado; atención a los factores institucionales del desarrollo económico; alta efectividad de la política industrial con perspectiva de largo plazo; liderazgo político con visión de integración nacional; compromiso del sector privado con el desarrollo del país; altos niveles de movilidad social y de cohesión social; inicial distribución relativamente equitativa del ingreso; estructura social igualitaria —basada en la extensión de la educación básica y el acceso a oportunidades de educación superior, en una justa distribución de capitales, incluyendo la tierra, y en la creación de oportunidades para la emergencia de nuevos empresarios—, y sentido de identidad nacional.
La experiencia asiática demuestra —contrariamente a los supuestos ideológicos de los programas de ajuste estructural— que la distribución equitativa del ingreso, la extensión de la educación y la inversión en recursos humanos, la reforma agraria y un alto nivel de empleo, entre otros, son requisitos previos al desarrollo económico y no consecuencias de éste. No pretendemos proponer el traslado de este modelo de desarrollo a América Latina. Sin embargo, parece importante aprender de sus enseñanzas para relativizar un modelo basado en el mercado; un modelo a partir del cual se aplican políticas sociales paliativas orientadas a aliviar los altos costos de los programas de ajuste estructural, y ello sin una visión de más largo plazo que considere los obstáculos que presenta la estructura social al propio crecimiento económico del país. Para ser efectivas y sostenibles en el largo plazo, las políticas públicas deberían orientarse a elevar la capacidad de la gente y a relacionar tal capacidad con las oportunidades, vinculando de este modo oferta y demanda de capital humano, disminuyendo el desempleo y volviendo más equitativa la distribución del ingreso, lo cual revertiría en mayores niveles de integración social (PNUD 1996:61).
EL ESTADO Y LA URGENCIA DE REPLANTEAR EL TEMA DE LA POBREZA Y LAS POLíTICAS SOCIALES
De lo dicho hasta aquí se desprende la necesidad de problematizar la visión de la pobreza estableciendo vínculos con el tema de la ciudadanía, ligados ambos al de la integración social y la capacidad de la estructura social de alcanzar niveles mínimos de equidad.
La noción de pobreza ha cambiado histórica y culturalmente, lo que ha derivado en distintas apreciaciones de la misma. Reconociendo, en primer lugar, la pobreza como privación, frente a la cual —una vez determinada la población que la sufre— la sociedad debe tomar medidas tendientes a superarla, Sen (1995) propone una definición más o menos generalizable: plantea que "la pobreza [puede comprenderse] como el fracaso de las capacidades básicas para alcanzar determinados niveles mínimamente aceptables. Los funcionamientos pertinentes para este análisis van desde los físicamente elementales, como estar bien nutrido, o vestido y protegido adecuadamente, o libre de enfermedades prevenibles, etc., hasta logros sociales más complejos, tales como participar en la vida de la comunidad, poder aparecer en público sin avergonzarse, y así sucesivamente" (p. 126). La forma que adquiere cada uno de estos funcionamientos, así como lo que se considera como privación, varía de una sociedad a otra. Por tanto, para medir la pobreza debe tomarse en cuenta la relatividad mencionada del concepto, pues las privaciones no son las mismas para todas las sociedades. Esta visión de la pobreza pretende contrarrestar la comprensión de la misma según las nociones de baja utilidad y bajos ingresos.
Para medir la pobreza se utilizan diversos métodos a partir de los cuales se ha intentado comparar los niveles de pobreza entre distintos países, regiones o grupos poblacionales. Sin embargo, los mismos presentan, por lo general, una visión estrecha de la pobreza pues, por un lado, separan el grado de satisfacción de necesidades de los hogares, de la estructura de distribución del ingreso y los servicios públicos; al mismo tiempo, enfrentan dificultades para medir el acceso a bienes y servicios públicos, aun en el caso de métodos que lo intentan. Por otro lado, la mayoría de los estudios que miden la pobreza se ha basado en los ingresos, y en esa perspectiva la entienden como "ingresos bajos", sin tomar en cuenta las distancias (pequeñas o grandes) que separan a las personas de esa línea de pobreza indicada por un ingreso determinado. Además, la privación no sólo se refleja en los ingresos; por tanto, si únicamente éstos son tomados para el análisis, pueden ignorarse otras variables que evidencien privación, como las propias capacidades personales para utilizar los ingresos.
Aún más, los métodos tradicionales de medición de la pobreza —incluso en su aplicación combinada— hacen difícil captar situaciones coyunturales de pobreza. La concepción de la pobreza es más amplia que sus aspectos estrictamente económicos y de insatisfacción de necesidades básicas; ella incluye también la incapacidad de acceder a bienes, servicios, derechos y actividades que constituyen la base del ejercicio de la ciudadanía y cuya inaccesibilidad está marcada muchas veces por problemas tales como la discriminación étnica y de género, así como la explotación de menores. En tal sentido, la superación de la pobreza está ligada indefectiblemente al logro de niveles aceptables de integración social y, por tanto, a la equidad de la estructura social.
Hasta la crisis del Estado de bienestar periférico y de la idea de progreso ascendente, se pensaba que la pobreza sería superada en la medida en que los países subdesarrollados adoptaran las políticas de crecimiento e industrialización de los países desarrollados, y que las necesidades serían satisfechas a través del crecimiento económico. Esta visión lineal del progreso se ha visto fuertemente erosionada por los cambios económicos, sociales y políticos a escala mundial.
En el marco de programas de ajuste estructural severos, las acciones de los gobiernos frente a la pobreza han consistido en políticas sociales más de tipo compensatorio que orientadas de manera efectiva a superarla. Pero tal superación requiere la formulación de un proyecto de largo plazo dirigido a modificar las bases estructurales de la pobreza, "en particular aquellas ligadas al acceso a los recursos productivos, la valorización de los recursos humanos, la organización social [y la participación de los sectores interesados] y los lazos de solidaridad" (David 1994b:60).
En América Latina, los programas de ajuste estructural aplicados durante los años ochenta tuvieron un costo social muy alto. Si bien se han recuperado niveles de crecimiento económico, éstos no han conseguido generar un nivel de empleo suficiente ni lograr niveles mayores de equidad en la distribución del ingreso. Por otra parte, algunos grupos se han visto más perjudicados: ha aumentado el porcentaje de niños y adolescentes trabajadores y la mujer es discriminada en el mercado laboral, al tiempo que se elevó el porcentaje de mujeres jefas de hogar.
Simultáneamente, el gasto social —como mecanismo redistribuidor de ingresos desde el Estado para aliviar niveles de pobreza y desigualdad— se ha ido focalizando, logrando una cierta orientación progresiva cuando se excluyen de él los gastos en seguridad social, que en casi todos los países se han incrementado e inciden de manera regresiva en la distribución global del gasto social (Cepal 1994).
La focalización del gasto social parece haber sido considerada tabla de salvación de los gobiernos para aliviar niveles de pobreza, en vistas a superar una noción asistencial de las políticas sociales. Dada la escasez de recursos, la focalización implica racionalizar el gasto, priorizando problemas y poblaciones específicas con el fin de favorecer a quienes realmente lo necesitan. En tal sentido, se apunta a determinar correctamente la población-meta, así como a promover la participación de dicha población en la planificación y propuestas de políticas sociales. Por otra parte, la focalización ha intentado ser una respuesta frente a la segmentación social provocada por los procesos de modernización y ajuste estructural en la región (Cepal 1995). Pero, ¿ha beneficiado efectivamente a los más pobres de los pobres? ¿Ha sido efectivamente un nuevo tipo de respuesta o se ha tratado de una racionalización del asistencialismo, en la medida en que no atacaría de manera directa las raíces estructurales de la pobreza?
A pesar de los esfuerzos de los gobiernos, en lo fundamental los resultados de la focalización no parecen haber redundado en una disminución efectiva de la pobreza, porque las políticas sociales focalizadas tampoco se orientan a resolver problemas estructurales, y mantienen un carácter compensatorio. La aplicación de políticas focalizadas parece haber servido como mecanismo de legitimación de los programas de ajuste estructural, al aliviar sus altos costos sociales en los grupos poblacionales que más los han sufrido. Ésta sería la "otra cara" de la focalización, que así se muestra como respuesta frente a la pobreza de parte de los grupos privilegiados, que preferirían implementar estas políticas en lugar de revertir las tendencias regresivas de la distribución del ingreso. Otro problema de este tipo de políticas sería que muchas veces no llegan efectivamente a los sectores pobres más vulnerables, situación que revela una distancia entre eficiencia económica y eficacia social difícil de resolver. Además, a pesar de los esfuerzos por lograr una mayor participación de los sectores interesados, en la práctica la misma habría sido escasa porque, entre otras razones, estos sectores no tienen capacidad organizativa para ejercer presión.
¿Puede la focalización de las políticas sociales actuar de manera efectiva sobre los complejos problemas de diferenciación social, o se trata de una aproximación insuficiente desde la política a la complejidad de los procesos de modernización y a los problemas clave de la estructura social, como la existencia de altos niveles de inequidad que profundizan los niveles de pobreza?
De acuerdo con la Cepal (1995), entre 1990 y 1994 la lucha contra la pobreza en la región alcanzó éxitos moderados; si bien algunos países obtuvieron más logros que otros, ninguno alcanzó a reducir los niveles de pobreza de los años setenta. Los escasos resultados se deberían a la desigual distribución de los costos sociales del ajuste y a la falta de modificación de la distribución del ingreso. Esta situación no sólo ha afectado a los más pobres de los pobres, sino también a sectores medios que se han ido pauperizando debido a los programas de privatización de empresas públicas y a la reducción del aparato estatal. Uno de los problemas clave es el de la desocupación y la precariedad del empleo; ellas afectan principalmente a los más pobres, por su baja calificación y porque la pérdida de un salario en estos hogares modifica sustancialmente su situación. Ello se produce a pesar del crecimiento del PIB, lo cual desmentiría la afirmación de que a mayor crecimiento económico menor nivel de pobreza, al menos en el plano de la ocupación laboral; y esto sería así porque la estructura ocupacional se va modificando, lo que afecta principalmente a los sectores más desfavorecidos y con menor nivel de educación.
La cuestión es, ¿qué resultados habrá desde el punto de vista de la sostenibilidad de la propia sociedad en el largo plazo, de persistir los procesos de diferenciación social y funcional que complejizan la estructura social?
Esto plantea la necesidad de nuevas transformaciones en las relaciones entre sociedad, Estado y economía, al menos en tres perspectivas. En primer lugar, dados los procesos de globalización económica, los Estados nacionales deberían promover políticas de integración nacional impulsados por la búsqueda de una competitividad sistémica. En segundo lugar, dadas las características predominantes de una economía de mercado, los Estados deberían promover procesos de integración social, eliminando las barreras sociales del acceso al mercado e impulsando una cultura de solidaridad, especialmente respecto de los grupos más pobres y excluidos, con lo que podrían asegurar la cohesión social de las naciones. En tercer lugar, el mismo funcionamiento estatal tiene que subordinarse al funcionamiento del régimen democrático y a la búsqueda de una política que demande una mayor cooperación y participación de los ciudadanos. Ciertamente, esto también supone una nueva lógica institucional construida sobre una red de instituciones de derecho público que también asegure el funcionamiento del mercado, y a la vez permita expandir la reproducción y ampliación constante de una cultura de la civilidad como principal garantía y sostenibilidad de su funcionamiento.

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