Santiago de Chile, miércoles 13 de diciembre de 2017
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En Chile, la noción de violencia contra las mujeres suele estar asociada a la violencia doméstica o sexual. Este enfoque invisibiliza la violencia basada en género, vale decir, aquella que se sustenta en relaciones de poder asimétricas entre hombres y mujeres, y que opera tanto en el ámbito privado como en el público. Así lo demuestran la legislación existente y la institucionalidad nacional aplicadas para su abordaje, que se han enfocado en la violencia intrafamiliar, dejando fuera otras formas de violencia que se ejercen en el espacio público, u otras que ni siquiera están tipificadas como delitos.

Uno de los aspectos críticos en materia de violencia de género en Chile está así en el ámbito de las denuncias. En primer lugar, se encuentra la no tipificación como delitos de muchas formas de violencia de género, que así no quedan registrados como tales. A ello se agregan las condiciones materiales y o materiales a las cuales se enfrenta la víctima al momento de realizar las denuncias, como la falta de privacidad o las humillaciones a que suele verse sujeta durante el proceso, y su dependencia y vulnerabilidad respecto del agresor.

Otro aspecto crítico es la sensación de inutilidad por parte de la víctima respecto del procedimiento judicial que se inicia con la denuncia, que implica no solo acceso al sistema judicial, sino también a resoluciones justas. Hoy, de las mujeres que denuncian e ingresan al sistema judicial, un porcentaje muy pequeño logra que se sancione a sus agresores: los casos denunciados que han ingresado al sistema judicial y que reciben condena no superan en Chile el 10% del total.

Considerando tan solo los dos aspectos señalados, un avance en el ámbito de la violencia de género como tema de política pública sería contar con protocolos que normen la tipificación de las violencias de género, el registro de las denuncias y la atención a las víctimas, y los procedimientos que de ahí se abren hasta la sanción judicial.

Disponer de infraestructura adecuada en donde se reciba a las víctimas que denuncian delitos es un factor de enorme importancia en una aproximación con perspectiva de género al tema del tratamiento de la violencia contra las mujeres como política pública. Una buena práctica en estas materias es la desplegada en las Unidades de Atención Especializadas para las Mujeres, UNI MUJER-ODAC, de la Policía Nacional Civil de El Salvador. Estas Unidades cuentan con un espacio físico ad hoc en el cual se atiende a las mujeres u organizaciones que denuncian, y se les brinda asistencia legal, social y psicológica, más representación legal, a efecto de ejercitar las acciones judiciales que correspondan (http://www.pgr.gob.sv/genero/areasatencion.html).


 

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